En el Día Internacional Contra la Trata de Personas
Proyecto Desaparecidas, EFD.
La trata de mujeres y niñas es una de las manifestaciones más agudas de la violencia de género. Se encuentra asentada en las desigualdades estructurales que el patriarcado, en alianza con el mercado capitalista, produce y reproduce.
En Uruguay la trata se encuentra mayoritariamente relacionada a la explotación sexual de mujeres jóvenes, que frecuentemente se encuentran en situación de vulnerabilidad socio-económica.
Ha sido muy difícil poner el tema en el centro del debate, pensarlo y entenderlo como un asunto político atravesado y agudizado por el género y la clase. Mujeres jóvenes y menores de edad desaparecen con una frecuencia alarmante en nuestro país. Sin embargo, las autoridades y los medios hegemónicos de comunicación no hablan del tema y cuando lo hacen, lo abordan con una falta de responsabilidad preocupante, apelando al morbo y contribuyendo a la estigmatización.
Para contrarrestar la ausencia de datos oficiales, nuestro Proyecto Desaparecidas, del Encuentro de Feministas Diversas, hace un seguimiento permanente de las mujeres y niñas que desaparecen en Uruguay. Según nuestros datos en los últimos 5 años han desaparecido 71 mujeres, de las cuales el 34% son niñas de entre 13 y 18 años.
Sólo durante el 2019 desaparecieron 32 mujeres. Estas cifras nos preocupan y nos interpelan profundamente: cada año son más las mujeres que desaparecen.
En el Día Internacional Contra la Trata de personas denunciamos la omisión y la complicidad del Estado. Decimos que el Estado es responsable porque omite datos, porque silencia y minimiza el tema.
Porque el Ministerio del Interior no realiza un manejo responsable y confiable de los datos de las personas desaparecidas. La página web de personas ausentes es la única fuente de datos oficial de personas desaparecidas y tiene datos desactualizados y errores muy graves.
Sin datos organizados, chequeados, contrastados y actualizados no hay garantías.
Decimos que el Estado es responsable porque no lleva a cabo las investigaciones pertinentes para encontrar a las mujeres que desaparecen. Porque las medidas que se adoptan son insuficientes y no acompañan la magnitud de la problemática.
Decimos que el Estado es cómplice y responsable porque las leyes sin presupuesto son letra muerta. Hace ya un año que se aprobó la LEY DE PREVENCION Y COMBATE DE LA TRATA DE PERSONAS y la misma no tiene presupuesto asignado para poder aplicarse.
Porque sigue sin haber capacitación en la temática para funcionarios policiales, fiscales y jueces.
Porque no se han creado fiscalías especializadas en trata.
Porque siguen sin haber condenas a tratantes.
Porque las menores de edad y las mujeres jóvenes siguen desapareciendo para ser explotadas sexualmente.
Porque la desidia y la omisión del Estado con las víctimas las condena a seguir en redes de trata interna que operan en nuestro país y en el exterior.
El silencio es cómplice.
Exigimos saber dónde están las pibas, las queremos de vuelta.
No estamos todas.