Que siga siendo Ley: a 7 años de la despenalización del aborto en Uruguay
La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se aprobó en Uruguay el 17 de octubre de 2012. Esta ley permite que las personas gestantes accedan a un aborto seguro y gratuito hasta las 12 semanas de gestación. En casos de violación que cuenten con denuncia judicial, este plazo se extiende hasta la semana 14.
Si bien la despenalización se aprobó en el año 2012, el recorrido para lograr conquistar este derecho para las personas con útero no comenzó en ese momento, sino mucho tiempo atrás.
Un primer esbozo fue la reforma del Código Penal de 1933, de la mano de Irureta Goyena, que permitía que se realizaran abortos en los hospitales públicos. Esta reforma duró muy poco, porque en 1935, durante la dictadura de Gabriel Terra, se lanzó un decreto que prohibió la realización de abortos en hospitales. Tres años después, se penalizaron las interrupciones de embarazos, es decir, pasaron a ser delito. Durante años, el aborto continuó siendo penado con cárcel.
Recién en 2002 se presentó un proyecto de despenalización del aborto que recibió media sanción por parte de la cámara de diputados, que luego los senadores rechazaron.
En 2007, durante el primer gobierno del Frente Amplio, se llevó a cámara alta un nuevo proyecto, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que establecía una serie de políticas para que el Estado garantice las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población. Esta iniciativa incluía varios aspectos como educación sexual, métodos anticonceptivos universales, formación de recursos humanos, entre otros, y la legalización del aborto. En 2008, el proyecto fue aprobado por el poder legislativo, pero luego, el presidente Tabaré Vázquez vetó parcialmente, junto a la entonces ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, la ley de Salud Sexual y Reproductiva, específicamente los artículos relacionados a la despenalización del aborto.
En 2011 la cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que despenalizaba el aborto en todas sus causales. Sin embargo, el voto negativo de un diputado frentista, Andrés Lima, no dejó prosperar el proyecto. Lima era diputado por el departamento de Salto, donde la mayoría de lxs médicxs estaban en contra del aborto. Actualmente todxs lxs ginecólogxs de Salto son objetores.
Finalmente, llegó el año 2012. Las encuestas indicaban que la opinión pública respaldaba la legalización del aborto en un 51%, mientras que un 37% la desaprobaba. Igualmente, ya desde el 2001 los resultados de la encuestadora CIFRA demostraban que la mayoría de lxs uruguayxs estaban a favor de la despenalización. Desde que la ley se puso sobre la mesa en 2002, las organizaciones a favor y en contra de la despenalización se hicieron sentir: se llevaron a cabo manifestaciones de todo tipo así como también campañas de desinformación y datos falsos. Estos argumentos se replicaron en conversaciones en el parlamento, donde hubo desde ecografías de embriones de 12 semanas de gestación hasta acusaciones de promover homicidios.
El movimiento feminista siempre tuvo como uno de los pilares de lucha la exigencia de tener aborto legal. Según Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), desde 1985, con la recuperación de la democracia, el debate sobre la despenalización del aborto tuvo muchísima fuerza. Desde ese momento, las feministas hicieron mesas abiertas, intervenciones, grupos de trabajo, crearon la Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales por la Salud de las Mujeres, campañas mediáticas y mucho más.
Luego de aprobada la ley, el Partido Nacional inició una juntada de firmas para que se llevara a votación popular la derogación de la ley. Sin embargo, solo el 8,8 % de lxs uruguayxs apoyaron el recurso de referéndum, cuando era necesario al menos un 25% de los votantes para llegar a una nueva instancia de consulta.
La implementación de la ley en el sistema de salud público y privado tampoco fue un proceso fácil: muchxs ginecólogxs se opusieron a practicar abortos amparados en la objeción de conciencia, es decir, el derecho a oponerse a cumplir con una disposición oficial por una razón ética o religiosa.
Aproximadamente un 30% de lxs ginecólogxs en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) se declaró objetor de conciencia.Este recurso les exime de coordinar el procedimiento de aborto, que mayoritariamente, consiste en la prescripción de los fármacos misoprostol y mifepristona. En los hospitales Militar y Policial el porcentaje de objetores asciende a un 50%; en la salud privada de Montevideo el 38% de lxs ginecólogxs son objetores y 40% en el interior. El biopoder –ese conjunto de prácticas que, en el decir de Foucault, los estados modernos utilizan para controlar los cuerpos– aparece en nuestro país como un mecanismo influyente y corporativo.
La ley de la interrupción voluntaria del embarazo es el producto de un largo, arduo y complejo proceso en el que las organizaciones feministas fueron centrales y contaron con la tenacidad suficiente para no bajar los brazos a pesar de los diversos obstáculos en el camino. Uruguay es hoy un ejemplo para Latinoamérica y para todo el mundo. Continuar la lucha para que esta ley siga existiendo y para garantizar que el acceso sea real y universal para todas, debe ser nuestro motor. Se lo debemos a las que nos anteceden y también a todas las mujeres que no pueden decidir sobre sus cuerpos y están sometidas a la clandestinidad, a la cárcel o a la muerte.
Fuentes:
https://harta.uy/despenalizacion-aborto-uruguay/
https://brecha.com.uy/aborto-legal-cualquier-lugar/
La inserción del aborto en la agenda político-pública uruguaya 1985-2013. Un análisis desde el movimiento feminista.Nikki Johnson, Cecilia Rocha, Marcela Schenck. Cotidiano Mujer.
https://www.impo.com.uy/saludsexual/