25 de noviembre 2022: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Este 25 de noviembre nos encuentra nuevamente exigiendo derechos, visibilizando injusticias, reclamando políticas que busquen subvertir la violencia estructural alzando nuestra voz. Según los datos de Feminicidio Uruguay, en lo que va del año 2022, se registraron 41 feminicidios en nuestro país, de los cuáles 4 son niñas y niños asesinados por violencia vicaria. En Uruguay, este año ocurrió un feminicidio cada 8 días aproximadamente. En el año 2021, fueron 31 las víctimas de feminicidio.

Que la vida de una mujer sea arrebatada por alguien que la considera su propiedad es el último eslabón en el que la violencia de género se manifiesta. En esta sociedad patriarcal, misógina y capitalista nos siguen matando. Nos matan niñas, jóvenes o adultas; nos matan ricas o pobres; nos matan cis o trans. La misma sociedad que impone un ser mujer que se ajuste a estereotipos y roles que se pretenden naturales, nos asesina mujer cuando nos oponemos a la violencia. Desde la década de los años 80, el movimiento feminista latinoamericano marcó este día en su agenda para recordar a las hermanas Mirabal, asesinadas en República Dominicana por oponerse a una feroz dictadura. En 1981, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe aprobó el 25 de noviembre como el día de reflexión y denuncia contra las diferentes formas de violencia hacia las mujeres.

Esta violencia es estructural y por ende, se manifiesta de distintas formas. Tiene consecuencias en el bienestar físico, económico, social, y emocional en sus diferentes dimensiones. Muchas de estas prácticas son aceptadas, legitimadas y reproducidas cotidianamente. Hace cinco años que como Encuentro de Feministas Diversas denunciamos las dificultades de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violación, abuso y acoso sexual. Insistimos en la necesidad de contar con equipos capacitados y juzgados multimateria y exigimos el cumplimiento de la reparación hacia las víctimas. Hace cinco años que alzamos nuestra voz en el espacio público para decir que #NoEstamosTodas y que las omisiones del Estado y de la opinión pública contribuyen a sostener las redes de trata y la explotación sexual. Al momento, nuestro proyecto Desaparecidas lleva cuantificada la búsqueda de 116 mujeres en lo que va del año, de las cuales 5 continúan desaparecidas a la fecha. Nuevamente decimos: el Estado es responsable de la violencia ejercida contra ellas, es responsable de su desaparición y de su muerte. Continuamos reclamando la implementación real de la Ley de Prevención y Combate a la Trata de Personas (N° 19.643).

Este año queremos visibilizar una de las formas de violencia de género que hasta el momento no habíamos desarrollado: la Violencia obstétrica. Según se establece en el art. 6 de la Ley 19.580 ésta es “toda acción, omisión y patrón de conducta del personal de la salud en los procesos reproductivos de una mujer, que afecte su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo o abuso de técnicas y procedimientos invasivos”. En nuestro país, según datos de la segunda Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género (2019), un 17,4% de las mujeres atravesaron alguna situación de violencia obstétrica. Se han denunciado, por ejemplo, los traslados forzados a Montevideo como consecuencias de falta de recursos en hospitales de ASSE en el interior del país. Esto conlleva a la realización de partos y cesáreas en ambulancias y sin personal especializado, como son las parteras. Todo esto significa un riesgo para la vida de la mujer y del bebé, y produce daños psicológicos.

Manifestamos nuestra enorme preocupación por el proyecto que pretende modificar los artículos 25 y 31 de la Ley N° 19.167 de gestación subrogada, que en primera instancia ha flexibilizado los grados de consanguinidad, y ahora busca ampliar el acceso a esta practica viabilizando el mercado del cuerpo y la explotación de mujeres. Defendemos la construcción de familias diversas basadas en el respeto, la protección y la autodeterminación. Por eso, desde el Encuentro de Feministas Diversas rechazamos este tipo de proyectos, ya que propician garantías para la mercantilización y explotación de nuestros cuerpos.

La Ley de Urgente Consideración (LUC) impacta de forma injusta en la criminalización de mujeres por microtráfico o narcomenudeo, que es, muchas veces, la única salida económica para las mujeres jefas de hogar. Puntualmente en los casos de intento de ingreso de estupefacientes a las cárceles y desde la implementación de la ley, han recibido penas desiguales ante crímenes de mayor gravedad, con un promedio de cuatro años y cinco meses de prisión según datos de 2021 y con una previsión de 4 a 15 años según establece la nueva normativa, sin contextualizar que en su mayoría, las mujeres que son detenidas por esta causa son amenazadas y obligadas por sus parejas, familiares o seres de su entorno para que ingresen estas sustancias para ellos, y que las cantidades manipuladas no representan relevancia dentro de la cadena del narcotráfico. A partir de la LUC, no existen alternativas a la cárcel para este tipo de delito ni existe la reducción de penas por estudio o trabajo, lo que supone en muchos casos la separación de sus hijes o lleva a que deban vivir en reclusión junto a sus madres en condiciones de precariedad. Ante la criminalización y la estigmatización de las mujeres pobres exigimos políticas que atiendan la vulnerabilidad en su contexto socioeconómico y que ofrezcan oportunidades reales para que el microtráfico deje de ser una opción.

De igual manera, nos interpelan las discusiones sobre Tenencia Compartida, y decimos que es #UnaLeyInnecesaria porque las incorporaciones a la normativa vigente representan una regresión en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sin atender sus situaciones particulares, y exponiéndoles, en ocasiones, al contacto con sus abusadores aún cuando existen denuncias en curso de por medio. Por lo tanto, daña a las infancias, vulnera su integridad y sus cuidados, y prioriza el interés de los adultos. El Estado es responsable de promover infancias libres de violencias.

Los feminismos latinoamericanos somos profundamente internacionalistas. Por ello, denunciamos la grave situación que viven las defensoras de Derechos Humanos en Nicaragua en el marco de un régimen político autoritario en el que, desde el año 2018 se han dado numerosas protestas ciudadanas. El estallido popular ha tenido como consecuencia cientas de muertes por el accionar de las fuerzas policiales y paramilitares, así como la cancelación de organizaciones sociales y el aprisionamiento injusto de personas. A la fecha, son más de 200 las personas presas políticas, entre ellas 21 mujeres feministas y activistas por los Derechos Humanos.
Si bien varios organismos internacionales han corroborado las múltiples violaciones a los DD. HH. suscitadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, lejos de dar un retroceso en sus accionares, han recrudecido la represión. ¡Exigimos justicia por las defensoras nicaragüenses!

En este momento tan singular, tan particular, expresamos nuestra solidaridad con la lucha de las mujeres en Irán iniciada luego del arresto y asesinato de Mahsa Amini, de 22 años, detenida el 13 de setiembre en Teherán por la “policía de la moral”. Las mujeres tomaron las calles para reclamar por sus derechos, sin embargo, las protestas pacíficas fueron recibidas con represión violenta, arrestos arbitrarios y nuevos asesinatos. Al momento hay al menos 15.000 personas detenidas y 21 de ellas han recibido una sentencia de muerte.

También este año, la Corte Suprema de EE.UU falló a favor de la anulación de Roe vs. Wade, lo que anula la garantía constitucional que protege el derecho al aborto en todo el país. Como consecuencia de ello pocas horas después, varios Estados iniciaron procesos para anular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, incluso en caso de violación o de peligro de vida. Así, una vez más, se toman decisiones respecto a nuestros cuerpos sin que las mujeres estemos presentes en el debate, ni tengamos voto. Violencia es el control sobre nuestros cuerpos, la limitación la autodeterminación y pérdida de derechos sexuales y reproductivos.

En el marco del mundial de fútbol, se eligió como sede, un país donde las mujeres tienen coartada su autodeterminación a diario, donde son castigadas con penas desmesuradas y asesinadas a golpes como consecuencia de acusaciones criminales y sin la posibilidad de acceder a una instancia judicial. Elegir este país como sede implica una tácita validación de su cultura opresiva, machista y heteropatriarcal.

Estamos en Alerta contra los intentos de retroceso en las conquistas logradas por el movimiento de mujeres y disidencias en nuestro país. Las campañas de desprestigio y desinformación, las lógicas de silenciamiento a quienes investigan, la insistencia en conservar estereotipos humillantes y degradantes, y la puesta en duda de nuestras voces son parte del entramado regional restaurador de los últimos años. Aunque sea cada vez más dura la violencia hacia el activismo, las feministas seguiremos levantando la voz para romper el manto de complicidad y silencio que habilita el abuso, la violencia y el recorte de nuestras libertades.

Las prioridades de nuestros parlamentarios están puestas en argumentar la prevalencia de estereotipos binarios sobre la ropa y los juegos de las infancias, lo que implica un retroceso en las conquistas sobre la educación en derechos sexuales y reproductivos. Algunos representantes se amparan en una falsa ideología de género y sostienen que amenaza al modelo de familia tradicional. Volvemos a decir que defendemos una concepción de familias diversas basadas en el respeto y lazos de solidaridad y por eso, consideramos que estos discursos son una forma de invisibilizar tanto a la comunidad LGBTQ+, como a las múltiples formas de construir comunidad. Además, también afectan el libre desarrollo de las infancias. Exigimos la implementación de los programas de Educación Sexual y Reproductiva en toda la educación pública y privada, y expresamos nuestra solidaridad con la lucha estudiantil y docente en defensa de una educación pública de calidad y equitativa.

También es necesario reiterar y advertir que las violencias mediática, simbólica y política producen discursos de odio públicos que legitiman la opresión de las mujeres basada en un orden jerárquico de género. Decimos fuerte y claro: ser mujer no es una moda. Somos muchas; nuestra presencia en espacios de poder incomoda, pero no tanto como nuestros reclamos y urgencias, que parecen ser puestos reiteradamente en un segundo plano y por los cuales no nos cansaremos de luchar. Nos mantenemos juntas y organizadas. No lograrán desplazarnos ni borrarnos del espacio público.

Es por todas, es para todas

Es por todas, es para todas porque en un contexto donde se incrementa la precarización económica, mujeres, niños, niñas y adolescentes sufren graves vulneraciones en su derecho a vivir una vida libre de violencia.
Es por todas, es para todas porque el contexto de emergencia sanitaria causada por la pandemia evidenció que las mujeres han sido sostén de las ollas populares pero también, las principales perjudicadas por el aislamiento, la pérdida de fuentes laborales y las violencias intrafamiliares. Esto no quedó en el pasado, ni es la “nueva normalidad”, las consecuencias continúan, hasta el día de hoy, esparciéndose y profundizándose.
Es por todas, es para todas porque en una sociedad sexista y excluyente, el acceso y la posibilidad de contar con recursos, especialmente materiales, sociales y simbólicos, continúa siendo un privilegio.
Es por todas, es para todas porque no somos ajenas a las luchas de las mujeres en todas partes del mundo.
Es por todas y es para todas porque buscamos la transformación de una sociedad injusta y la construcción de otro mundo posible.

Seguiremos saliendo a las calles por las que nos faltan. Ni una muerta más, ni una desaparecida más, ni una mujer menos. Contra todas las formas de violencia y explotación, estamos alerta.

Encuentro de Feministas Diversas